Ayer se produjo el deshaucio de una familia en paro que vivía en Guadalcanal, 5, barriada de La Begoña. Detrás de este deshaucio está la campaña de desalojos dirigida por el grupo inmobiliario TEMPA, que ha adquirido el bloque y aprovecha la ley liberizadora del alquiler (Ley Boyer) para no renovar los contratos de los inquilinos y presionarles con todas sus herramientas. Su objetivo: liberar el bloque para hacerlo más productivo.  

Un grupo de vecinos, con el apoyo de la Liga de Inquilinos La Corriente y de un grupo de okupas que se han instalado en las viviendas desalojadas para llamar la atención de la administración sobre el problema, tratan de resistir a esta operación de mercado que atenta contra el derecho a la vivienda. Sin un cambio legislativo que proteja a los inquilinos, a la administración, si quiere evitar que las familias deshauciadas acaben en la calle, le quedan pocas opciones. Tal es el caso de la iniciativa puesta en marcha por OTAINSA de ofrecer un piso del patrimonio municipal de viviendas para situaciones de emergencia social a las familias sin ingresos. Si estas prácticas se extienden y no se pone coto a las mismas, más en tiempos de crisis como los que vivimos, la situación se va a volver social y políticamente insostenible.